Enrique López Fernández, el padre que acudió a los tribunales para exigir clases de castellano para su hijo, mostraba anoche una satisfacción moderada por la decisión judicial. "Me parece acertada y es lo que esperaba, porque si el juez era juez de verdad me tenía que dar la razón", explicó a EL PAÍS. En su opinión, resultaba incuestionable que estaba exigiendo un derecho previsto en la ley, aunque después de que se le haya reconocido no es excesivamente optimista. "Lo peor viene a partir de ahora, porque las sentencias nunca se cumplen", afirma.
López Fernández relata que no le preocupa cómo se ejecute la sentencia ni la posible sensación de marginación que pueda sufrir su hijo. "Que muevan el trasero los de la Generalitat, porque la gran mayoría de los alumnos son castellanohablantes y eso lo deberían tener en cuenta", explica. "Hay muchos padres como yo, que se quejan, pero que no hacen nada".
Este pequeño empresario de Badalona y padre de un único hijo afirma también que se siente plenamente integrado en Cataluña, pero reivindica su derecho a expresarse en castellano, "a pesar de que si no estás de acuerdo con lo que defiende la mayoría te dicen que eres un facha". Asegura que no simpatiza con ningún partido político y se muestra muy crítico con algunas leyes aprobadas por el Parlamento catalán en materia lingüística. "Aquí la cosa se está poniendo cada vez peor", explica.
Francisco Caja, presidente de la asociación Convivencia Cívica Catalana a la que acudió López Fernández, calificó ayer de "histórica" la sentencia del Tribunal Superior catalán "porque es la primera vez que se obliga a la Generalitat a enseñar en castellano". Caja definió a la consejera de Educación catalana, Marta Cid, de "talibán lingüística" y recordó que existen otros tres recursos idénticos a éste en tramitación administrativa, el paso previo para acudir a los tribunales de justicia.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 2 de febrero de 2006