Algo más tarde de lo deseable, el Gobierno aborda un plan específico de estímulo a la capacidad para emprender, que se inserta en el poco conocido, pero bien diseñado, Plan Nacional de Reformas, presentado a la Unión Europea el pasado diciembre. Lo hace, además, comprometiendo el mayor volumen de recursos financieros que haya tenido cualquier programa de apoyo a la empresa: más de 8.000 millones de euros en 2006, a los que habrá que añadir las nada despreciables inversiones inducidas. Es una muy buena señal, necesaria para fortalecer la precaria natalidad empresarial y sobre todo para estimular la asignación de talentos a la asunción de riesgos. Desde esa base se puede confiar en que surjan iniciativas innovadoras o, cuando menos, que sean suficientemente ágiles para captar las que se generen en otras latitudes.
Sobre la continuidad del patrón de crecimiento que ha mantenido la economía española en los últimos años pesan serias amenazas. En los años en que otros países avanzados aceleraban la inserción en la economía del conocimiento, fortalecían la inversión en tecnología y en I+D y creaban estímulos a la capacidad para emprender, España seguía fiando su crecimiento al monocultivo de la construcción residencial, sin eliminar los obstáculos al nacimiento de empresas en sectores distantes a la promoción inmobiliaria, más intensivos en la generación o en la adopción de innovaciones.
El programa aprobado por el Gobierno, con una dimensión financiera importante, merece una difusión más intensa, no sólo entre las empresas. Las universidades y los centros de formación profesional han de ser destinatarios cualificados de esos incentivos, pero también el conjunto de las administraciones públicas ha de asumir la eliminación de barreras a la creación y desarrollo de pequeñas compañías. España sigue siendo, según la OCDE, uno de los países que establece más barreras administrativas a la creación de empresas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 3 de febrero de 2006