"No se puede cerrar los ojos a la evidencia de que hay quien se ha forrado con dineros públicos en nuestra empresa". Son palabras de Comisiones Obreras y figuran en un comunicado distribuido a los trabajadores de Ferrocarrils de la Generalitat y remitido también a la dirección de la empresa pública. El sindicato asegura haberse visto sorprendido por "algunos" nombres de los directivos que han cobrado y, sobre todo, por "lo desorbitado de las cantidades", que en algún caso superan el millón de euros para un solo ex directivo. Comisiones sostiene que la dirección "sólo tiene un camino", que es depurar las responsabilidades a que hubiera lugar entre los directivos que practicaron la política de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, tres de los cuales siguen en la empresa.
La continuidad de estos tres directivos en Ferrocarrils es el eje de la queja de otro sindicato, el Semaf, que se pregunta cómo obedecer a un jefe cuya ética está abiertamente en entredicho. El Semaf se refiere a ellos de forma directa al citar las cantidades que percibieron: 105.000, 110.000 y 289.000 euros, respectivamente. El sindicato afirma que ha esperado varios días a hacer pública su postura en la convicción de que hay otros directivos que también podrían haber cobrado y cuyos nombres no han trascendido.
El sindicato afirma que no acaba de "digerir la sensación de desamparo y vergüenza ajena" ante la actitud de la dirección, que no ha actuado tras hacerse pública la presunta corrupción de los dirigentes, "tanto de los que son como de los que fueron". Al mismo tiempo, critica la pasividad y el silencio de otros sindicatos, especialmente UGT, en este asunto.
En el otro polo, alguno de los dirigentes que cobraron y siguen en la empresa ha comentado a sus allegados que se siente desamparado y sin el apoyo de la dirección.
Quejas de CiU
La publicación de los nombres y apellidos de los directivos y ex directivos que cobraron estas cantidades, sin conocimiento del Consejo de Administración, fue ayer objeto de una queja por parte de Felip Puig, portavoz parlamentario de Convergència i Unió (CiU). Puig está relacionado con el escándalo porque fue consejero de Política Territorial y mantuvo en el cargo al presidente Antoni Herce. Herce era director financiero cuando se formalizó el plan de pensiones y es uno de los beneficiarios. Además, tenía un contrato blindado que estaba prohibido por la legislación vigente elaborada por la propia CiU.
Puig arremetió ayer contra la Sindicatura de Cuentas, a la que acusó de haber permitido la difusión de datos que habían sido declarados reservados por la institución. Además, sugirió que las responsabilidades por el hecho de haberse hecho públicos los nombres de quienes cobraron irregularmente cantidades millonarias afectan al síndico, Joan Colom, y, tal vez, a algún diputado de la mayoría gobernante.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 8 de febrero de 2006