Los casos de estafa a inmigrantes durante el proceso de regularización del pasado año van en aumento. Harresiak Apurtuz, la coordinadora vasca de ONG de apoyo a los inmigrantes, ha descubierto tres nuevos presuntos fraudes en Bilbao, que se unen a los 60 que cuatro juzgados bilbaínos investigan desde hace dos semanas. La ONG calcula que hay presentadas cerca de un centenar de denuncias en los tribunales.
Los tres nuevos casos todavía no han sido llevados a los juzgados, toda vez que Harresiak Apurtuz está analizando la documentación aportada para comprobar si existen pruebas suficientes. En todos ellos, los inmigrantes recibían ofertas de contratos de trabajo de empresas inexistentes o que carecían de actividad. En uno de los casos, un inmigrante llegó a pagar 2.500 euros a un empresario por la contratación y el papeleo de regularización.
Esta cifra es la más alta conocida entre las 60 denuncias tramitadas en Bilbao, en las que las víctimas del engaño aportaron de media entre 600 y 1.000 euros por los documentos. La coordinadora de apoyo a los inmigrantes calcula que los estafadores han obtenido más de 60.000 euros.
Estas demandas fueron ratificadas ayer por vez primera ante uno de los juzgados. Siete inmigrantes acudieron para confirmar la denuncia, un proceso que continuará en las próximas semanas. También deberán prestar declaración los implicados, siete personas pertenecientes a cuatro grupos diferenciados de fraude.
Dos están encabezados por sendas letradas, una de ellas implicada en 30 de los 60 casos. De un tercer bloque sería responsable otra persona que cobraba por la entrega de las solicitudes de residencia, un trámite que no cumplían. El cuarto grupo corresponde a una falsa ONG, que abrió una oficina y luego desapareció, que tramitaba los contratos de trabajos con una empresa que luego no existía.
Reunión con la Subdelegación
Los cuatro juzgados de Instrucción que investigan el caso, los números 2, 3, 4 y 5 de Bilbao, han admitido la personación como acusación particular de Harresiak Apurtuz, que ha realizado pesquisas sobre este asunto durante más de cuatro meses.
La coordinadora mantuvo el pasado día 2 una reunión con la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya, en la que realizó la petición formal de que los inmigrantes que han denunciado esta trama logren la documentación. Esta posibilidad viene recogida en los artículos 31 y 45 de la Ley de Extranjería, que prevé la regularización de los sin papeles que colaboren en la desarticulación de actuaciones fraudulentas para conseguir la documentación. Un portavoz de la citada coordinadora señaló que la Subdelegación tramitara la solicitud ante el Ministerio de Interior, que deberá resolver finalmente.
Harresiak Apurtuz ya aseguró hace dos semanas que, cuando se difundieran estos hechos, saldrían a la luz más denuncias.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 9 de febrero de 2006