Los senadores republicanos más reacios a prorrogar la Ley Patriótica han llegado a un acuerdo con la Casa Blanca, lo que despeja el camino para renovar una de las herramientas básicas de George W. Bush en su "guerra contra el terrorismo". En los próximos días se concretará la fecha y la disposición final de la ley. Mientras unos pocos demócratas siguen considerando que se vulneran derechos civiles, senadores republicanos rebeldes y del Partido Demócrata que antes torpedeaban la extensión de la norma la apoyan ahora que la Casa Blanca ha aceptado algunos cambios que consideraban de importancia.
Con casi todos los 55 senadores del Partido Republicano convencidos de renovar la ley, parece que el filibusterismo que tenía paralizada la legislación está a punto de llegar a su fin. Con el acuerdo alcanzado, se deja fuera el derecho que antes otorgaba a los agentes del FBI para inspeccionar la información que tienen las bibliotecas sobre los ciudadanos.
Varios demócratas seguían ayer condenando la ley. "Estoy muy decepcionado con esta especie de acuerdo que dicen haber alcanzado", manifestaba el senador Russell Feingoild. El portavoz de Justicia, Brian Roeehrkasse, decía por su parte que el compromiso del Senado "mantiene las herramientas necesarias para luchar contra el terrorismo y salvaguarda los derechos civiles". "Esperemos que el Congreso renueve ahora definitivamente la Ley Patriótica", finalizó el portavoz.
Fuerte discrepancia
La renovación de esta ley ha sido objeto de una fuerte discrepancia entre el Congreso y el Gobierno estadounidense desde diciembre pasado, cuando expiraba en principio esa legislación. El Congreso prorrogó el pasado 1 de febrero por segunda vez la Ley Patriótica hasta el 10 de marzo. La legislación especial que refuerza los poderes de la policía para recoger información, tener acceso a comunicaciones privadas y realizar registros, y que se aprobó después de los atentados del 11-S, expiró por primera vez el último día de diciembre. El Congreso no pudo ponerse de acuerdo entonces sobre los cambios introducidos y la ley se prorrogó hasta el 3 de febrero.
En diciembre de 2005, después de seis meses de acalorado debate, se llegó a un acuerdo por el que se incorporaban a la legislación de forma definitiva 14 de los capítulos de la Ley Patriótica, y se extendían cuatro años, con algunas mejoras, los dos más polémicos, que prevén poderes especiales para que las fuerzas de seguridad accedan a datos sobre actividades de los ciudadanos y el FBI requiera información de transacciones financieras o comunicaciones electrónicas.
El pacto se aprobó en la Cámara, pero el debate en el Senado coincidió con la revelación de que el presidente había autorizado en 2002 escuchas al margen de las cautelas previstas por la ley. La noticia enfadó a los demócratas y a algunos republicanos, y la ley quedó bloqueada.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 11 de febrero de 2006