Suecia ha optado por un modelo que busca abolir la prostitución, considerada como una forma de violencia contra las mujeres y un atentado a la igualdad y a los derechos humanos. La principal herramienta contra una práctica que se considera incompatible con una sociedad democrática es la persecución y castigo de los clientes.
Desde 1999, en ese país nórdico está prohibido comprar servicios sexuales, pero no venderlos. El cliente se arriesga a recibir un castigo que puede ser una multa o una pena de hasta seis meses de prisión. Hasta la fecha se ha sancionado a más de un millar de hombres por comprar servicios sexuales. Los jueces son reacios a dictar penas de prisión.
Las personas que se prostituyen pueden acceder a programas formativos encaminados a abrirles la puerta a un empleo. Los clientes, llamados "compradores", pueden acudir a cursos de rehabilitación. También se han puesto en marcha en los institutos de enseñanza campañas de prevención contra la prostitución y la pornografía. En ellos se insiste en que las mujeres no pueden ser consideradas como objetos.
Las autoridades suecas aseguran que la norma ha permitido reducir la prostitución a la mitad (el Gobierno estima que la ejercen unas 1.500 personas, sobre todo mujeres y más de la mitad, víctimas de las redes de trata de personas). La prostitución callejera casi ha desaparecido y disminuido el tráfico de mujeres. Los detractores aseguran que sigue habiendo prostitución y que la clandestinidad genera mayor violencia contra las mujeres.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 11 de febrero de 2006