La acritud creciente que domina la vida parlamentaria se ha enquistado de forma bipolar: Estatuto de Cataluña y política antiterrorista del Gobierno. El PP, durante la sesión de control al Gobierno, mantuvo ayer en el Congreso el voltaje de alta tensión que ha decidido conectar a la red de su política en estos dos asuntos.
Mariano Rajoy, líder de los populares, había formulado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, una pregunta sobre la falta de información a los ciudadanos en torno a la política antiterrorista, pero la convirtió en una recordatorio de agravios que el PP viene lanzando al Ejecutivo, arrancando de la no ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK) hasta los rumores "no desmentidos" de contactos con Batasuna por parte del PSE.
Rajoy volvió a repetir la acusación en la que el PP sintetiza desde hace semanas sus mensajes contra el Gobierno: "cesiones constantes al entorno de la banda terrorista", y exigió a Zapatero que garantizase que no va a pagar ningún precio político a una organización terrorista.
Zapatero respondió que su última intervención en conferencia de prensa se produjo porque se sintió "en la obligación de explicar y aclarar a todos los ciudadanos, por respeto al Estado, a la justicia, al Tribunal Supremo, a fiscales y magistrados y a la verdad", que era absolutamente mentira lo que el PP "llevaba una semana propagando, que iban a producirse excarcelaciones de determinados etarras con penas altísimas como consecuencia de decisiones políticas, lo que es falso de toda falsedad". Zapatero concluyó deseando y confiando en el apoyo del PP a la política antiterrorista, "porque eso es lo que quieren sus votantes y lo que debe llevar en el corazón un buen demócrata y un buen patriota".
La respuesta más inmediata se produjo ayer mismo por la tarde: el PP presentó una solicitud para que Zapatero comparezca ante el pleno "para informar de los contactos que se han mantenido con Batasuna". En la petición no se aclara a quién se refiere con el impersonal "se han" que se utiliza.
Después fue la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, la que respondió al secretario general del PP, Ángel Acebes, en un encontronazo sobre el Estatuto de Cataluña. Acebes alardeó de que, pese al "boicoteo del Gobierno", el PP ha recogido ya millón y medio de firmas en 14 días para pedir un referéndum, y le exigió que se consulte a todos los españoles. De la Vega le mostró su extrañeza por tratar de defender la Constitución con fórmulas anticonstitucionales. Y acusó al PP de pretender sacar rédito a costa de todo, intentando manipular "hasta la náusea".
La tarde terminó con un debate aún más agrio durante la interpelación sobre la política penitenciaria referida a los etarras. Ignacio Astarloa pidió, entre otras cosas, que el Gobierno "corte de raíz las especulaciones sobre el futuro" de un posible cese de la violencia.
El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, respondió en tono muy irritado acusando al PP de mentir e insistiendo en que las excarcelaciones de etarras fueron con el PP, y lo son ahora, producto de la inevitable aplicación del Código Penal de 1973 por el que fueron juzgados.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 16 de febrero de 2006