Yo soy simpatizante de las víctimas del terrorismo de ETA porque, para empezar, entiendo que todos los españoles somos víctimas de ETA. Evidentemente, no todos en la misma medida, pero también es muy evidente el miedo que se siente cuando sabes que puedes ser tú el próximo herido o asesinado por una bomba puesta en cualquier lugar de la calle. También es muy evidente el retraso que todos los españoles tenemos en la integración territorial y la resolución de otros asuntos de primera importancia para nuestras vidas debido al terrorismo de ETA. Por este motivo, no es aceptable que la Asociación de Víctimas del Terrorismo se arrogue en exclusiva el derecho al perdón. Todos los españoles tenemos ese derecho, pero, legalmente, es al Gobierno de la nación al que le corresponde tomar medidas de gracia con los terroristas, como con cualquier otro delincuente.
Aceptar que una determinada asociación no gubernamental está legitimada para decidir medidas de gracia o políticas en la lucha antiterrorista es sencillamente demencial, el principio del desmantelamiento del Estado de derecho, la aniquilación de la Constitución y la desintegración de la convivencia democrática.
Esto es lo que, realmente, tiene que valorar todo aquel que vaya a acudir a la manifestación convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, el PP y los medios de comunicación afines.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 24 de febrero de 2006