Todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Barcelona, salvo el Partido Popular, rechazaron el proyecto de ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros para la cesión del castillo de Montjuïc a la ciudad. El consistorio pretendía el retorno "íntegro, efectivo y no condicionado" de la fortaleza. Pero no ha sido éste el deseo del Gobierno, que ha puesto más condiciones que las tres expresadas en su día por el ministro de Defensa, José Bono, para hacer efectiva la cesión.
El proyecto subraya de forma explícita que las banderas de España, Cataluña y Barcelona deberán ondear "permanentemente y en lugar preferente" en el castillo. Los integrantes del Gobierno tripartito municipal -Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya-, junto a Convergència i Unió, calificaron de "innecesaria" esta mención. A su juicio, la normativa vigente sobre colocación de banderas en edificios públicos resulta más que suficiente.
El segundo de los tres requisitos de Bono era el mantenimiento de un destacamento militar. En una de las disposiciones adicionales del proyecto, se dice que el Ministerio de Defensa podrá habilitar "el espacio que precise en el interior del recinto amurallado del castillo" para acoger a los soldados. El alcalde de Barcelona, el socialista Joan Clos, se mostró ayer "sorprendido" por la inclusión de esta medida, pues creía que cualquier instalación militar que se mantuviera en Montjuïc iba a permanecer fuera de las murallas. Además, el castillo "seguirá albergando las antenas y redes de comunicaciones allí instaladas", la tercera y última condición de Bono.
Proyecto "inaceptable"
"En estos términos, el proyecto es inaceptable", explicó Clos en una rueda de prensa tras la celebración del pleno municipal. En ese mismo pleno, minutos antes de conocer el contenido del proyecto de ley, todos los partidos habían aprobado una declaración institucional en apoyo de la histórica restitución del castillo de Montjuïc, símbolo de represión, y el lugar donde fue ejecutado por el franquismo Lluís Companys, presidente de la Generalitat republicana. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se había comprometido, en un mitin en 2004, a ceder el castillo sin condición alguna.
En el preámbulo del brevísimo proyecto de ley -que cuenta sólo con dos artículos y dos disposiciones finales- se dice que el castillo, "testigo de acontecimientos históricos de amargo recuerdo", se convertirá en un "monumento a la concordia". El texto prevé la creación de un Centro por la Paz.
Entre otras tareas, este centro deberá "dar a conocer las valiosas tareas de las Fuerzas Armadas en sus misiones internacionales de paz y de ayuda humanitaria", una exigencia adicional que también fue rechazada de pleno por todos los partidos catalanes, con la excepción del PP.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 25 de febrero de 2006