Estos días se está discutiendo en nuestro Parlamento una propuesta de Ley Reguladora del Tratamiento de la Deuda Externa. Y es una lástima que vayamos a perder esta oportunidad, ya que la ley que pretende aprobar el Gobierno no es ni de lejos la que necesitan los pueblos del Sur. A nadie escapa que la deuda externa es una enorme losa que afecta al bienestar de millones de personas que, a pesar de no ser las responsables del endeudamiento de sus gobiernos, sí sufren las consecuencias.
¿Quién debe asumir la devolución de préstamos para compra de armas, para reprimir a la población o para financiar guerras? ¿Se deben devolver préstamos que fueron colocados directamente en paraísos fiscales por gobiernos corruptos? ¿Quién es el responsable de los muchos proyectos que nunca funcionaron o tuvieron impactos sociales y ambientales desastrosos, simplemente porque fueron mal diseñados? ¿Quién debe pagar por todo ello?
Para saber quiénes son los responsables de este endeudamiento ilegítimo, y poder exigir que paguen por ello, existe una única vía: realizar una auditoría pública integral de la deuda externa. Un estudio sobre cómo y para qué se prestó puede ayudar a dilucidar si esa deuda es ilegítima y debe ser anulada. Pero el partido en el Gobierno no quiere ni oír hablar de auditorías, ni mucho menos de corresponsabilidad en el endeudamiento del sur.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 25 de febrero de 2006