El Gobierno deberá tomar en consideración el fuerte rechazo que suscita entre las víctimas de ETA la posibilidad de una negociación política con la banda, y el apoyo ciudadano a ese rechazo, evidenciado ayer en la manifestación celebrada en Madrid, la segunda por el mismo motivo en ocho meses. Pero no podrá escudarse en esos datos de la realidad para rehuir su responsabilidad en la dirección de la lucha antiterrorista. Y esa responsabilidad incluye la de tomar las medidas más convenientes, siempre en el marco del Estado de derecho, para convertir el largo periodo sin atentados mortales en cese definitivo de la violencia. Y la de hacer frente, con paciencia y buenos argumentos, a la demagogia con que se está tratando este asunto.
La manifestación de ayer, como la de junio pasado, fue menos contra ETA que contra la política antiterrorista del Gobierno. "Zapatero, dimisión" y otras consignas del mismo tenor marcaron la marcha convocada por la AVT y otros colectivos, y a la que se había adherido el Partido Popular. El presidente de la AVT, Alcaraz, reiteró ayer su acusación de que el Gobierno y su presidente se han "rendido al chantaje de ETA" y se han "arrodillado ante los terroristas". Sin embargo, lo que esta misma semana ha reiterado Zapatero y varios ministros es que no habrá un precio político a cambio del cese de la violencia y que el compromiso de abandono definitivo de las armas será condición previa para cualquier diálogo. Es decir, lo acordado por el Congreso de los Diputados.
Los terroristas tienden a dar por terreno conquistado todo desafío sin respuesta. Por eso ha sido oportuno que el Gobierno haya dicho claramente, tras el último comunicado de la banda, que no habrá intercambio de paz por autodeterminación, y que haya rechazado claramente la pretensión de cualquier movimiento previo al cese definitivo de toda violencia, incluyendo la extorsión mafiosa.
Que, pese a ello, el Gobierno no haya conseguido neutralizar el tremendismo demagógico de los Alcaraz y sus equivalentes del PP constituye un cierto fracaso. Hay motivos para pensar que Rajoy se ha acomodado a esa oposición populista que le llevó, por ejemplo, a plantear un debate en televisión sobre la política antiterrorista: algo que bastaría para descalificar a un político responsable. Pero ello no exime al Gobierno de su obligación de buscar el acuerdo de la oposición en una cuestión inabordable en la práctica sin un potente consenso. La división de los demócratas es ahora mismo la principal esperanza de ETA para prolongar esta situación de terrorismo mafioso sin dar el paso de anunciar su retirada.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 26 de febrero de 2006