El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, aseguró ayer que la orden de alejamiento en los casos de violencia doméstica es "una herramienta necesaria", aunque el Gobierno "está dispuesto a contemplar" que sea una medida flexible y que el juez pueda decidir en cada caso si la aplica o no. López Aguilar hizo estas declaraciones en referencia a la sentencia de un juez de Barcelona que ha anulado una orden de alejamiento a un maltratador a petición de la víctima.
El artículo 57.2 del Código Penal, tras una reforma del año 2003, obliga a los jueces a dictar medidas de alejamiento en todas las condenas por violencia doméstica (entre cónyuges o convivientes, padres e hijos, hermanos, etc.), independientemente de la voluntad de la víctima, que en ocasiones quiere volver a relacionarse con el agresor. Varios jueces y tribunales entienden que esta norma puede vulnerar varios preceptos constitucionales como el libre desarrollo de la personalidad, por impedir a la víctima acercarse a quien desea. Por esta razón, cuando la han tenido que aplicar, han paralizado los procedimientos para preguntar al Tribunal Constitucional.
Se han presentado ya nueve cuestiones de constitucionalidad sobre este artículo. Hasta el momento, tres han sido admitidas a trámite, lo que significa que el Alto Tribunal se pronunciará sobre el asunto.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 28 de febrero de 2006