El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, y el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Jesús García Calderón, advirtieron ayer de la necesidad de introducir "algunas reformas" en el Código Penal respecto a los delitos relacionados con la ordenación del territorio, así como aquellos que atenten contra el medio ambiente o el patrimonio histórico. Tras celebrar por tercer año consecutivo una jornada de trabajo conjunto, Chamizo y García Calderón abogaron por "endurecer las penas" para los autores de delitos medioambientales.
Las conclusiones elaboradas tras la reunión concretan la propuesta de establecer penas de "inhabilitación profesional" para los culpables de estos delitos; garantizar "un efectivo resarcimiento económico" de los daños causados; y lograr que las sanciones "disuadan las expectativas de obtención de beneficios que se persiguen con estos incumplimientos". Ambos abogan también por elaborar una ley general de Medio Ambiente "que unifique una normativa dispersa y confusa que encaja con dificultad en la regulación del ámbito penal". Chamizo comparecerá en el Parlamento andaluz para formalizar su propuesta.
El Código Penal de 1995 tipificó algunos delitos medioambientales, como los vertidos, la contaminación acústica o los daños al patrimonio histórico, pero, según el fiscal, su aplicación ha dado "grandes problemas". "Pretendemos aprovechar los diez años de experiencia para mejorar su regulación", señaló García Calderón. El defensor y el fiscal pedirán asimismo que la descripción de delito medioambiental incluya las parcelaciones ilegales.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 3 de marzo de 2006