El juzgado de Instrucción número 2 de Huelva ha archivado las diligencias previas por la actuación de la Guardia Civil para garantizar la celebración de la moción de censura de Gibraleón. Los hechos ocurrieron el pasado 25: ocho tránsfugas del PSOE, con el apoyo de una edil del PP, arrebataron la alcaldía al popular José Ramón Gómez Cueli. Militantes del PP y vecinos intentaron impedir el pleno.
La resolución, firmada por el magistrado Esteban Brito López, determina que los agentes "intervinieron para garantizar la celebración de la moción", y añade que fue "en defensa y con la finalidad de mantener el orden público, sin que la intervención rebasase la frontera del Derecho Penal". El juez remarca que los "hechos no son constitutivos de infracción penal". En el razonamiento jurídico se señala que "tan sólo se produce un incidente de connotaciones políticas debido a la iniciativa".
El pleno que permitió que el ex portavoz socialista, Juan Serrato, se hiciera con la alcaldía, estuvo custodiado por una veintena de agentes de la Guardia Civil. Antes de celebrarse la sesión, los efectivos policiales tuvieron que desalojar por la fuerza a unas 80 mujeres que obstaculizaban la entrada al salón plenario. Posteriormente, en el salón de plenos, la Guardia Civil tuvo que desalojar a unas 300 personas que impedían que se desarrollara la moción de censura. Durante el desalojo se vivieron momentos de gran tensión y nerviosismo. También fueron expulsados de la sede del Ayuntamiento algunos dirigentes del PP andaluz, como el parlamentario popular y ex alcalde de Gibraleón, José Luis Rodríguez.
El PP, a través de sus máximos dirigentes en Andalucía, denunció la actuación de la Guardia Civil con iniciativas que llevaron al Parlamento andaluz y al Congreso de los Diputados. Las denuncias fueron presentadas por los parlamentarios del PP, José Luis Rodríguez y Matías Conde (vicepresidente primero de la Cámara) y el secretario general del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido. Los dirigentes populares acusaron a la Guardia Civil de "malos tratos y vejaciones" e incluso solicitaron de forma reiterada la dimisión del subdelegado del Gobierno en Huelva, Manuel Bago, y del delegado del Gobierno andaluz en la provincia, Justo Mañas.
El portavoz del equipo de Gobierno, el independiente José Martín, exigió ayer al PP que "pida perdón a la Guardia Civil tras quedar perfectamente demostrado que este partido se inventó esas actuaciones para echar sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado toda la porquería que a ellos le sobraba". "Los responsables de ese partido pusieron en marcha una estrategia con la que intentaron que la moción de censura no se celebrara para seguir en el poder y continuar con los chanchullos que habían diseñado con la venta de suelo y la firma de convenios urbanísticos irregulares", señaló.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 3 de marzo de 2006