El pleno de la Diputación de Alicante acordó ayer, por unanimidad, conferir el carácter de exclusividad al cargo de asesor jurídico de la institución, puesto que ocupa el abogado José Ortiz Ríos. El letrado compaginaba hasta ahora esa función con su actividad jurídica privada que, entre otros asuntos, incluye la defensa del alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP, en la causa abierta contra él por un supuesto delito de tráfico de influencias derivado de la compra de una finca que le reportó una plusvalía de 5,2 millones de euros.
La decisión del equipo de gobierno de la corporación provincial, que preside el popular José Joaquín Ripoll, se produjo tras rechazar en el pleno de febrero una moción del grupo del PSPV para catalogar como exclusivo el cargo de asesor jurídico. Para los socialistas, el letrado podría estar incurriendo en incompatibilidad al compaginar el puesto público con su actividad privada. El portavoz del PSPV, Antonio Amorós, subrayó que el acuerdo de ayer "revela una situación de manifiesta irregularidad, al consentir la doble actividad del letrado".
Dos días después del pleno de febrero, el letrado Ortiz Ríos presentó la baja médica por supuesto acoso laboral de la Diputación para que dejara la defensa de Hernández Mateo. El responsable de Personal de la Diputación, José López Garrido, negó la acusación del abogado. La situación de baja no impidió al letrado seguir tramitando asuntos para el Ayuntamiento de Torrevieja, como quedó reflejado el pasado día 14 de febrero en el Registro de entrada de documentos del Consistorio. Este periódico intentó ayer sin éxito conocer la opinión del Ortiz Ríos sobre cuál será su opción final.
Por otro lado, el grupo municipal de Los Verdes ha solicitado a las Cortes Valencianas que certifiquen el estado de las declaraciones de bienes presentadas por el alcalde de Torrevieja durante el periodo en el que compaginó ese puesto con el de diputado autonómico.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 3 de marzo de 2006