La fiscalía de Barcelona ha abierto diligencias para investigar si seis ex directivos de la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat durante los Gobiernos de CiU cometieron delito al contratar un plan de pensiones supuestamente irregular y por el que cobraron más de 2,5 millones de euros. El ex presidente de la compañía Enric Roig pudo haber percibido durante su mandato más de 55.000 euros en concepto de dietas indebidas, según la documentación que investiga el fiscal.
La cantidad que cobraron los ex directivos de la empresa fue de 2.508.264 euros, según la información que maneja la fiscalía de Barcelona. La fórmula que permitió el cobro fue un plan de pensiones supuestamente irregular contratado en 1991 y liquidado en 2001 con la aseguradora Winterthur. De esta operación no se dio cuenta al consejo de administración de la compañía ferroviaria.
Los beneficiarios fueron 15 directivos de la empresa, y otros tres quedaron al margen por no haber cotizado el tiempo suficiente. Entre los beneficiarios existe un grupo de seis ex directivos que percibieron más de 2,5 millones de euros, sobre los que se centra la investigación de la fiscalía de Barcelona, al considerar que pudieron cometer un delito de malversación previsto en el artículo 432 del Código Penal, que castiga con penas de entre cuatro y ocho años "si revistiera especial gravedad atendiendo al valor de las cantidades sustraídas y al daño o entorpecimiento producido al servicio público".
Los afectados por la investigación que dirige el fiscal Fernando Rodríguez Rey siempre han defendido la legalidad de los cobros, y recuerdan que esas cantidades no se ocultaron al Gobierno de la Generalitat de la época, que, de haber existido alguna anomalía, hubiera impedido su cobro.
El presidente, excluido
Cuando se suscribió el plan de pensiones el presidente de Ferrocarrils de la Generalitat era Albert Vilalta, que más tarde fue consejero de Medio Ambiente en la época de CiU, y después ocupó el cargo de Secretario de Infraestructuras con el Gobierno del PP. Vilalta ni suscribió ni se benefició del plan.
La persona que salió más beneficiada de la contratación fue Enric Roig, presidente de la compañía, que percibió 1.070.196 euros, según los datos que maneja la fiscalía y que señalan también que Roig cobró durante su mandato 55.233 euros por dietas irregulares. Se trata, según fuentes de la investigación, de decenas de pequeños pagos percibidos por reuniones o actividades derivadas de su cargo: desde reuniones con personal de la compañía hasta la celebración de ruedas de prensa.
A Roig le sustituyó Antoni Herce, que cobró 278.391 euros al dejar la empresa. Otro beneficiario fue el responsable de personal, Josep Lluís Portabales, que ingresó 457.124 euros. Tres de los beneficiarios continúan en la empresa.
Cuando se produjo el cambio de Gobierno en Cataluña, el tripartito descubrió las irregularidades y las puso en manos del Tribunal de Cuentas y de la Sindicatura de Cuentas. El diputado de ICV Joan Boada lo llevó a la fiscalía.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 3 de marzo de 2006