Francisco Jiménez trabajaba como electricista en la empresa Fos Bucraá, en el Sáhara Occidental, cuando una mina enterrada en la carretera lanzó por los aires el Land Rover en el que viajaba. Aunque quedó sordo, medio ciego y lleno de metralla, Jiménez, un canario que entonces tenía 38 años, debió considerarse afortunado: la caja cambios del vehículo, sobre la que iba sentado, absorbió parte del impacto y le libró de morir despedazado como su compañero Raimundo López, el conductor del todoterreno.
Los hechos ocurrieron el 10 de enero de 1976, exactamente 49 días antes de que España abandonara su provincia africana. Un año más tarde, el Ministerio de Trabajo calificó lo ocurrido como "accidente laboral" y concedió a Jiménez la incapacidad laboral definitiva.
Cuando, en 1999, entró en vigor la Ley de Víctimas del Terrorismo, el antiguo electricista inició una batalla para acogerse a sus beneficios. Pero fue inútil: sus reclamaciones fueron rechazadas porque los responsables del Ministerio del Interior no pudieron hallar en sus archivos mención oficial alguna del atentado. La resolución lleva fecha del pasado 25 de noviembre. Hacía un mes que Francisco Jiménez había muerto.
El alto comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Gregorio Peces-Barba, quedó "muy impresionado" cuando Lucía Jiménez, la hija mayor de Francisco, le relató esta historia hace un mes. Peces-Barba se comprometió a "hacer lo posible" por la esposa y los cinco hijos del fallecido. Un portavoz de su oficina declaró: "Se trata de un caso complicado. Tiene un encaje difícil con la Ley de Víctimas actual. Intentaremos encontrar una solución en el nuevo texto que se está elaborando". Ése texto, que será entregado al Gobierno antes del 15 de abril, incluirá a los españoles que sufran atentados en el extranjero.
¿Implica eso que Francisco Jiménez se hallaba en el extranjero cuando estalló la mina que lo dejó inválido?
El día de autos, la situación del Sáhara era absolutamente ilegal desde el punto de vista del derecho internacional. Hacía dos meses que España había acordado la entrega del territorio a Marruecos y Mauritania con la firma de los Acuerdos de Madrid, que aún hoy Naciones Unidas considera inválidos. Pero esa entrega aún no se había consumado. Policías y soldados de los dos últimos países bombardeaban y torturaban a la resistencia saharaui, agrupada en torno al independentista Frente Polisario. Todo ello, bajo la coartada de la bandera española.
Cuando su coche saltó por los aires, Francisco Jiménez estaba realizando un trabajo para Fos Bucraá, la empresa del Instituto Nacional de Industria -el INI, el holding del Estado- que explotaba los yacimientos de fosfatos del Sáhara. Es decir, que éste es el caso de un trabajador español en una empresa española herido por una mina -supuestamente destinada a los marroquíes por el Polisario- en un territorio bajo administración española.
El suceso fue ampliamente recogido por los diarios de la época. Sin embargo, no hay constancia oficial del mismo, porque la mayoría de los documentos del Sáhara se hallan en el Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares, clasificados como secreto hasta el año 2026. Para resarcir a Jiménez, el Gobierno deberá elegir entre levantar el secreto oficial o cambiar la historia.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 3 de marzo de 2006