Las autoridades argelinas llevarán a cabo en breve la mayor excarcelación de presos (unos 2.000 islamistas) en el marco de la política de reconciliación nacional emprendida el año pasado por el presidente, Abdelaziz Buteflika. La decisión ha sido duramente criticada por organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Federación Internacional de Derechos Humanos.
El 29 de septiembre los argelinos aprobaron en referéndum la Carta para la paz y la reconciliación nacional con la que Buteflika intenta pasar página a la guerra civil larvada entre el Ejército y los islamistas que causó 150.000 muertos en la década de los noventa.
El Consejo de Ministros aprobó, el 21 de febrero, un decreto de aplicación de la famosa Carta. Incluye, entre otras medidas, la gracia para los detenidos y condenados que no hayan cometido matanzas colectivas, ni colocado bombas en lugares públicos ni violado a mujeres.
Abdelkader Saharaui, director del gabinete del ministro de Justicia, precisó el miércoles en la radio pública que la medida afectaba a unos 2.000 islamistas encarcelados. La condena de otros presos será recortada.
Una intervención del Ejército impidió, a principios de 1992, que el Frente Islámico de Salvación ganase las primeras elecciones libres de la historia de Argelia. Tras el golpe los islamistas empuñaron las armas para derribar al régimen.
A mediados de los noventa hubo hasta 27.000 milicianos que acosaban a las Fuerzas Armadas y aterrorizaban a la población. Hoy en día son entre 400 y mil, según las estimaciones, los que permanecen en activo sobre todo en las sierras de Cabilia. Casi todos pertenecen al Grupo Salafista de Predicación y Combate que ha proclamado su sometimiento a Al Qaeda. La facción más violenta, los Grupos Islámicos Armados, ha sido prácticamente desmantelada.
El decreto de puesta en práctica de la reconciliación otorga a estos últimos terroristas seis meses para entregarse a las autoridades y evitar así tener que rendir cuentas ante la justicia siempre y cuando no hayan perpetrado matanzas colectivas. Los que han instrumentalizado la religión no podrán desarrollar actividades políticas.
El Consejo de Ministro blindó también a los militares y miembros de las fuerzas de seguridad ante posibles denuncias presentadas por aquellos que padecieron sus exacciones relatadas con todo lujo de detalles en varios libros publicados en París por ex oficiales del Ejército.
Argel reconoce oficialmente 6.000 desaparecidos, casi todos secuestrados víctimas de ejecuciones extrajudiciales, pero las organizaciones de derechos humanos triplican esa cifra.
Para las víctimas y sus familiares el decreto prevé también indemnizaciones, cuya cuantía no especifica pero que el Estado argelino no tendrá dificultades en pagar. Sus reservas de divisas rondan los 60,000 millones de dólares gracias al elevado precio de los hidrocarburos que exporta.
Esta manera de fomentar la reconciliación ha sido sistemáticamente criticada por las tres principales organizaciones mundiales de defensa de derechos humanos que ayer volvieron conjugar sus esfuerzos.
Amnistía Internacional, con sede en Londres, Human Rights Watch, con sede en Nueva York, y la Federación Intenacional de Derechos Humanos, con sede en París, publicaron un comunicado conjunto al que se añadió el Centro para una Justicia Transnacional.
"Las medidas propuestas", reza el texto común, "equivalen a denegar el conocimiento de la verdad y el derecho a la justicia a las víctimas y a sus familiares". Ni siquiera será posible el debate porque la legislación prevé hasta cinco años de cárcel para todo aquel que "aproveche las heridas causadas por la tragedia nacional para dañar a las instituciones de Argelia".
La prensa independiente argelina también arremete contra las recientes decisiones. "El olvido de las nociones de justicia y de verdad en la elaboración de leyes concebidas para permitir a Argelia articular una paz duradera es, de por sí, un elemento que contraria el proyecto de reconciliación nacional (...)", señaló ayer el diario El Watan.
130 libios excarcelados
El régimen del coronel libio Muammar el Gaddafi puso en libertad ayer a 130 presos políticos de los que 83 pertenecen al Grupo islamista libio, el equivalente local de los Hermanos Musulmanes egipcios, según informó la agencia Reuters.
Ciento cincuenta y dos islamistas, en su mayoría estudiantes, fueron detenidos a finales de los noventa y en 2002 se celebró un macrojuicio en el que dos fueron condenados a muerte; 73, a cadena perpetua; 11, a 10 años, y 66 fueron absueltos.
La excarcelación fue decidida con motivo del aniversario de la creación de los llamados comités populares, un órgano asemejable a un Parlamento. La afiliación a un partido político o a una corriente ideológica está prohibida en Libia.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 3 de marzo de 2006