Ana González, de 30 años, sintió "que no era útil" y "que no servía para nada" en el séptimo mes de su embarazo. Era marzo de 2005 y ella trabajaba para el Ayuntamiento de Navajas (Castellón), un pueblo de unos 700 habitantes. Tenía un contrato de obra desde noviembre de 2002 para ocuparse de la biblioteca y organizar talleres de informática. Dos meses antes de dar a luz, empezó a sufrir graves hemorragias. El feto corría peligro y el médico le mandó guardar reposo. Ella presentó la baja y la respuesta del Ayuntamiento no se hizo esperar: a los quince días le comunicaron que su contrato había finalizado. "Fui a hablar con el alcalde", relata, "y me dijo que ellos no me podían tener más allí, que a lo mejor después de tener al niño volvía".
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Ana se sintió "indignada" en su faceta de "mujer trabajadora". Intentó llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento, pero no lo logró. Decidió exigir judicialmente sus derechos. El juez de primera instancia dio la razón al Consistorio, gobernado por el Partido Popular. Ana recurrió y el pasado diciembre el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha declarado nulo el despido. Obliga al Ayuntamiento a readmitirla y la sentencia ya es firme.
"He recuperado mi dignidad", exclama Ana exultante. Está convencida de que con la verdad se llega muy lejos. "Espero que la próxima vez se lo piensen dos veces antes de echar a una mujer por tener un hijo. Sé que ahora hay una chica embarazada y me doy por satisfecha si ella sí puede disfrutar de la baja maternal sin perder su empleo. He alucinado con que pase todo esto en pleno siglo XXI. Y yo que pensaba que lo más normal era trabajar y tener un hijo".
El Ayuntamiento todavía no la ha reincorporado a su puesto, ni le ha pagado lo que le deben según la sentencia: los salarios desde su séptimo mes de embarazo hasta ahora, descontado el periodo de baja por enfermedad. Ana quiere incorporarse cuanto antes. No está nerviosa ni teme represalias. "Voy con la autoestima por los aires. Pienso que ahora me respetarán más y me tienen que readmitir, les guste o no". Ningún responsable municipal se ha puesto en contacto con ella, así que va a pedir judicialmente que se cumpla la sentencia.
En el pueblo, hay quien la ha acusado de hacer "todo esto" por dinero, para sacárselo al Ayuntamiento. También la han felicitado. De su boca sólo sale, una y otra vez, la palabra dignidad. "El dinero está bien porque lo necesito, pero queda en un segundo plano. Las mujeres tenemos que luchar por nuestros derechos y no dejar que nos tomen el pelo. Yo no quiero que nadie pase por este calvario. Es terrible estar mal, de baja, sabiendo que tu hijo corre peligro, y encima recibir una carta en la que te dejan sin trabajo. Todavía tengo secuelas de todo esto".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 8 de marzo de 2006