El Parlamento aplazó ayer el debate de las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP y el PSE al proyecto de ley de Cooperación al Desarrollo. Los partidos alegaron este aplazamiento por la necesidad de estudiar con más detenimiento las diferentes enmiendas. Este proyecto es el más importante del Departamento de Asuntos Sociales, que dirige Javier Madrazo, y es idéntico al que ya presentó en la anterior legislatura. En aquella ocasión no se llegó a debatir por la disolución anticipada de la Cámara debido a la convocatoria de las elecciones autonómicas.
El panorama que se le presenta a esta iniciativa es complicado y todo va a depender de la postura que adopte EHAK, ya que PP y PSE se oponen frontalmente. El texto también es rechazado por la Asociación de Municipios Vascos-Eudel, que considera que el proyecto invade las competencias locales.
La enmienda de totalidad del PSE se basa, sobre todo, en dos puntos. El primero es la ausencia de un compromiso presupuestario con la cooperación. Es decir, que en ningún lado figura destinar el 0,7% del presupuesto a este fin, tal y como recomienda Naciones Unidas.
El segundo es la ausencia de una agencia vasca de cooperación, un elemento que los socialistas consideran imprescindible para mejorar "sustancialmente" la gestión de cooperación al desarrollo en Euskadi. La parlamentaria del PSE y autora de la enmienda, Natalia Rojo, señaló que para una buena gestión es "fundamentl una buena estructura y una buena plantilla fija".
El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ya reconoció en uno de sus informes la necesidad de contar con un instrumento de gestión de las características de esta agencia.
Invasión competencial
El PP coincide con los socialistas en que una de las principales carencias del proyecto de ley es que no crea un órgano gestor con plantilla y medios suficientes. Además, entiende que el proyecto atenta contra las competencias de los ayuntamientos y no plantea "una verdadera coordinación entre las instituciones".
Por su parte, los ayuntamientos rechazan el proyecto porque invade competencias que a su entender les corresponden claramente. Según Eudel, lo lógico es que el régimen jurídico de la ley regule únicamente las actuaciones que emprenda el Gobierno vasco y que las tres diputaciones y los ayuntamientos se limiten a tener en cuenta los principios generales de esta ley, pero no que queden obligados a sujetar sus actuaciones a lo establecido en la nueva normativa.
"Los ayuntamientos y diputaciones tienen la autonomía suficiente en sus respectivos ámbitos competenciales como para establecer lo que quieran", apunta el documento que Eudel envió en su momento al Departamento de Asuntos Sociales para mostrarle su disconformidad con el contenido del proyecto.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 9 de marzo de 2006