España ha decidido seguir las recomendaciones de Bruselas y levantar a partir del próximo 1 de mayo la moratoria a la libre circulación de trabajadores de los nuevos socios, y en concreto de los ocho países del Este. Zapatero se lo comunicó a su colega Marcinkiewicz en la cumbre hispano-polaca celebrada ayer en Granada, en la que se abordó también la cuestión energética a la luz del Libro Verde difundido esta semana por la Comisión Europea. Con bastante buen criterio, el Ejecutivo comunitario ha reiterado la importancia de desarrollar una política energética común y ha propuesto incrementar las reservas de gas y petróleo de la UE para garantizar la seguridad interna. En este capítulo, Polonia se muestra, lógicamente, muy sensible tras haber sufrido en su piel la reciente crisis de suministro entre Rusia y Ucrania. De ahí su iniciativa para que los Veinticinco suscriban un acuerdo por el cual los socios europeos se asistan mutuamente en casos de cortes de abastecimiento.
El levantamiento de las trabas al ingreso de trabajadores del Este es una medida justa, además de inteligente, por la carga positiva que comporta en el fortalecimiento de relaciones con los nuevos socios, sobre todo con Polonia, cuyas dimensiones y población son similares a las de España. No debe suponer, en principio, un gran riesgo. Hay en España 35.000 polacos y no es previsible un flujo masivo próximamente, pese al fuerte desempleo en su país (18%) y las afirmaciones de su primer ministro conservador de que Polonia dispone de 10 millones de jóvenes cualificados a los que beneficiará la medida.
La UE puso fuertes limitaciones hace dos años a los nuevos socios, excesivas y poco acordes con las libertades fundamentales recogidas en los tratados comunitarios. Los Quince decidieron imponer una moratoria de siete años a la libre circulación de trabajadores de los ocho países del Este (Malta y Chipre quedaron excluidos) por temor a una avalancha. Alemania, Austria y Francia fueron las que más presionaron a favor de las restricciones. El Reino Unido, Suecia e Irlanda decidieron, en cambio, abrir las fronteras desde el primer día de la adhesión. Los resultados son elocuentes: sus economías no sólo no se vieron perjudicadas, sino que mejoraron.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 10 de marzo de 2006