El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, que resolvió hace meses imponer una fianza de 400.000 euros a Arnaldo Otegi para dejarle en libertad, decidió ayer imputar de nuevo al dirigente de la ilegalizada Batasuna y citarle el próximo lunes, día en que resolverá si le envía a la cárcel por "reiteración delictiva".
En el auto dictado ayer el juez considera a Otegi inductor de los hechos delictivos que se registraron durante toda la jornada en Euskadi y Navarra -"colocación de artefactos explosivos, inutilización de accesos a locales, interrupción de las vías públicas"- como consecuencia de la huelga convocada por el sindicato LAB para protestar por la dispersión de presos etarras.
El magistrado convoca una vistilla el lunes para decidir si envía a la cárcel al dirigente de Batasuna
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El juez ha imputado y citado también por los mismos hechos a Juan María Olano -jefe de la ilegalizada Gestoras Pro Amnistía-, Rafael Díaz Usabiaga -secretario general de LAB- y Arantza Zulueta -abogada de dirigentes de Batasuna y de presos de ETA. La huelga general tuvo ayer muy escaso seguimiento en el País Vasco y en Navarra. Hubo cuatro detenidos por los incidentes causados por piquetes y algunas manifestaciones en las calles de Bilbao y San Sebastián.
Los empresarios vascos agrupados en la patronal Confebask reafirmaron su "esperanza" en la apertura de "un proceso de paz" y su apoyo "a cuantas iniciativas exploren vías alternativas para acabar con la lacra del terrorismo". Confebask hizo pública una nota para responder al presidente de la CEOE, José María Cuevas, que denunció "el disparate que supone la búsqueda de la paz" y sus "terribles consecuencias para la sociedad y los empresarios vascos". Confebask rechazó estas opiniones y tildó de insolidario a Cuevas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 10 de marzo de 2006