El diagnóstico específico del funcionamiento de los Programas de Garantía Social (PGS) en la Comunidad Valenciana, durante sus 10 años de implantación, arroja sombras y luces sobre el éxito en la reconversión de los 25.000 adolescentes matriculados en este periodo, según las estadísticas elaboradas por los investigadores Fernando Marhuenda y Almudena Navas de la Universitat de València. Los profesores insisten en que "uno de los pilares de la Estrategia de Lisboa [pactada por jefes de Estado de la Unión Europea en 1999] pasa por disminuir la polarización existente entre quienes poseen titulación y quienes carecen formación profesional reglada acreditable"
que en la franja de entre 18 y 24 años es del 28%. Diez puntos más que la media europea.
La radiografía del sistema de PGS valenciano -que se completa con los estudios realizados por Mariangeles Molepceres, Berta Chulvi y Joan Carles Bernard, de la Universitat de València publicados por la OTRI en 2004- destaca:
- Nivel de estudio de los alumnos. El 77% de los matriculados en PGS había repetido algún curso; y el 61% no había llegado a 3º de ESO.
- Experiencia laboral. El 50% había trabajado en alguna etapa de su vida, pero el 90% de los matriculados en ese momento estaba sin trabajo. Es decir, se matriculó in extremis porque no tenía otra salida laboral ni profesional.
- Nivel de motivación. El 53% de los matriculados tenía "mucho interés" en el curso que seguía, el 31% "bastante", y sólo 15% "algo".
- Nivel de estudios familiar. En el 96,4% de las familias analizadas el nivel de formación de los padres y madres es "bajo" o "muy bajo". De hecho, el 35,5% de las familias no tiene estudios formales o uno de los padres sólo tiene graduado escolar (siendo éstos conserjes, peones, trabajadores manuales de la industria, agricultores...), mientras que el 65,9% tiene un nivel medio de bachillerato o FP (siendo vendedores, dueños de pequeños establecimientos u obreros semiespecializados).
- Precariedad laboral de los formadores. Los datos analizados revelan que "casi el 80% de los formadores tiene un salario neto mensual inferior a 1.200 euros y cerca del 40% oscila entre los 600 y 900 euros".
- Propuestas de mejora. "Facilitar la transparencia de las acreditaciones", "coordinación entre los organismos públicos" para evitar la competencia entre sí (partidista o territorial); cesión de la gestión a organizaciones no gubernamentales ante la insuficiencia y, en ocasiones, incapacidad de las administraciones públicas para publicitar y planificar con eficacia y rigor mínimo".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 13 de marzo de 2006