Nueve millones de habitantes del Estado de México, que rodea al Distrito Federal y cuenta con el mayor censo de votantes en el país -el 10% del padrón nacional-, estaban llamados ayer a renovar 125 alcaldías y 45 diputados de su Congreso local.
Las votaciones, sin embargo, estuvieron salpicadas por una lluvia de denuncias sobre irregularidades, que van desde asaltos hasta intentos de compra de voto y acarreo (movilización) de votantes, en una zona considerada clave con vistas a las elecciones presidenciales del 2 de julio. La mayoría de las cerca de 200 denuncias presentadas afectaban al Partido Revolucionario Institucional (PRI, que gobierna el Estado), ya que la oposición acusa a sus militantes de haber comprado votos y entregado prebendas a cambio de sufragios para sus candidatos. Pero las denuncias también apuntaban al izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) y al conservador Partido Acción Nacional (PAN) por estar supuestamente involucrados en actos ilegales.
El modo en que se repartan los votos emitidos ayer permitirá que los candidatos presidenciales -Andrés Manuel López Obrador, del PRD, en cabeza de las encuestas; Felipe Calderón, del PAN, en segundo puesto, y Roberto Madrazo, del PRI, que no despega del tercer lugar- puedan evaluar sus posibilidades en los comicios de julio.
El PRI, que perdió la presidencia de México en 2000, tenía en el Estado de México una gran reserva de votos, le han hecho perder credibilidad ante los electores.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 13 de marzo de 2006