Cuatro años de cárcel por exceso de ruido, cierre del establecimiento e indemnización de 32.000 euros para dos matrimonios víctimas. No es una sentencia decretada por un juez sueco, sino por la Audiencia de Barcelona. Se trata de la condena más severa jamás impuesta en España por un delito de contaminación acústica y es consecuencia de la reincidencia del condenado, un propietario de un bar-restaurante barcelonés. A primera vista, puede parecer excesiva, pero debe entenderse como una sentencia ejemplarizante para reafirmar el derecho al silencio de cualquier ciudadano. Japón y España encabezan la lista de países más ruidosos. Es verdad que las normas y sanciones contra la contaminación acústica se han desarrollado bastante en España durante la última década, pero no resulta sencillo aplicarlas y exigen de abundante paciencia de quienes las reclaman. Los primeros en violarlas son los poderes públicos, como bien saben los habitantes de Madrid, torturados por el martillo neumático y con el anhelo de que todo lo que se inicia tiene un final.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 24 de marzo de 2006