Varios interrogantes planean sobre el sector. Por un lado, algunos expertos -por ejemplo, el Instituto de Estudios Económicos- consideran que la vivienda protegida distorsiona el mercado e incluso en algunos casos contribuye a encarecer el precio de la vivienda libre. Por otro, la oferta no es ni mucho menos suficiente ante la escalada del precio de la vivienda libre, que ha dejado a amplias capas de la sociedad sin acceso a un piso propio. Esta situación ha llevado a algunos municipios a tener que adjudicar las promociones de VPO por sorteo, en algunos casos con más de mil solicitudes por vivienda. Y los operadores reconocen también la existencia de fraude en la venta de VPO.
Varias comunidades, entre las que se encuentra Cataluña, han ampliado hasta un máximo de 90 años el periodo en que una VPO no puede venderse en el mercado libre, y han creado un registro de compradores y vendedores para que la compraventa sólo pueda realizarse entre las personas inscritas en este registro. "En algunos casos se exige un sobreprecio en dinero negro. Pero eso no es ni mucho menos la norma", explican fuentes del sector.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 27 de marzo de 2006