La justicia argentina ha condenado por primera vez al Estado a pagar una indemnización de 8.600 euros por "daños psicológicos y morales" a un particular cuyos ahorros se vieron afectados por la prohibición del Gobierno en 2001 de sacar el dinero depositado en su cuenta bancaria y el decreto de su posterior conversión obligatoria a pesos. Aquellas medidas fueron conocidas como corralito y pesificación. La condena ha sido dictada por un juzgado de lo contencioso-administrativo y es recurrible por el Estado.
La importancia de la sentencia estriba en que es la primera vez que un órgano judicial reconoce que el daño causado no es únicamente de carácter económico. Además de una profunda crisis económica, mensurable en cifras, la crisis de diciembre de 2001 provocó numerosos intentos de suicidio, un repunte en la emigración y una desconfianza total en las instituciones. Esto llevó a que en una sola semana de enero de 2002 hubiera cinco presidentes de la República.
La sentencia condena al Estado a pagar 8.600 euros a un hombre de 58 años que tenía depositados en el banco 118.000 dólares cuando comenzó la crisis. La justicia, que tiene otras 50 causas por este motivo, le ha concedido 7.100 euros por daño psicológico y 1.500 por daño moral.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 29 de marzo de 2006