Los importadores de productos chinos que incumplan la normativa española y comunitaria en materia de sanidad, seguridad y calidad industrial, podrán ser declarados responsables civiles e incluso penales, de acuerdo con la normativa que prepara el Gobierno y que, según fuentes del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, "estará lista después del verano". Los principales productos donde se han detectado problemas son los textiles, los juguetes, los plásticos y las piezas para automóviles.
Este cambio legal se producirá tras la moción que ha aprobado el Senado por unanimidad y a propuesta de Convergència i Unió (CiU). En su favor llevaba largamente clamando largamente la patronal catalana de las pequeñas y medianas empresas, Fepyme, integrada en Fomento del Trabajo.
Su presidente, Eusebi Cima -que ha relevado a Antoni Abad en la junta directiva de la CEOE y que describió la iniciativa como "ejemplo de la nueva línea de actuación de Fomento, consistente en presentar propuestas en que no tienen suficiente apoyo de la cúpula de la CEOE"- se alegró ayer de este paso porque "hasta ahora, cuando se detectaban productos defectuosos e incluso peligrosos, el único culpable era un vendedor lejano, y ahora los importadores que especulan con ellos se arriesgan a la cárcel".
La Generalitat afirmó en febrero que seis de cada 10 prendas asiáticas inspeccionadas eran "inseguras", por ejemplo por tener hilos, en algunos casos tóxicos, fáciles de arrancar y que podían acabar en la boca de un niño. "Se han llegado a detectar sustancias cancerígenas", corroboró el senador de CiU promotor de la moción, Carles Gasòliba.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 1 de abril de 2006