Los siete miembros del Consejo Consultivo de Canarias entregaron ayer al presidente del Parlamento, Gabriel Mato, un informe sobre el borrador del nuevo Estatuto, cuyas conclusiones apuntan al menos 10 posibles preceptos de presunta inconstitucionalidad.
Algunos de estos puntos se refieren a la asunción de competencias exclusivas en materia de transporte aéreo, impuestos propios, régimen jurídico de los siete cabildos, control de residencia y trabajo a no comunitarios y algunos retoques del especial régimen económico y fiscal que rige en las islas.
El informe de este órgano, preceptivo pero no vinculante, también pone dudas sobre otra veintena de puntos, en caso de que la interpretación difiera de los fundamentos del dictamen expuesto por el Consultivo. El documento concluye que los casos detectados no afectan a la esencia de la reforma planteada por la ponencia parlamentaria y propone redacciones alternativas para superar estos posibles escollos. El texto fue aprobado y entregado por la ponencia parlamentaria en enero y ahora deberá someterse a varias comisiones parlamentarias antes de aprobarse en pleno y remitirlo a las Cortes.
El Estatuto canario se aprobó en 1982 y se reformó en 1996, fundamentalmente para destacar el papel de los cabildos como auténticos órganos de gobierno insular.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 1 de abril de 2006