Donde dije digo, digo diego. Mantener siempre el mismo discurso es difícil y el caso de corrupción en Marbella está poniendo de nuevo de manifiesto esta realidad. El debate sobre la disolución del Ayuntamiento marbellí y la actuación de la Administración autonómica ante las irregularidades son, en esta ocasión, el origen de las contradicciones.
Desde que el pasado miércoles, la policía inició la operación contra la corrupción en el municipio de la Costa del Sol, el presidente del PP, Javier Arenas, ha querido hacer hincapié en la responsabilidad de la Junta. "Todo lo que ha pasado ha sido por la conducta intolerable de los gobiernos municipales y porque el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, ha tardado 15 años en reaccionar en Marbella", aseguró Arenas el pasado 1 de abril. Ese día insistió en su reclamación de disolver el Consistorio marbellí y la convocatoria de elecciones anticipadas.
Esa crítica a la Junta contrasta con una intervención de Arenas el 10 de septiembre de 2003 en el Congreso de los Diputados. En esa fecha, Arenas era vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de la Presidencia. Se debatía la posible disolución del Ayuntamiento de Marbella, que un mes antes había vivido una moción de censura que había desbancado a Julián Muñoz y llevado a la alcaldía a Marisol Yagüe, ahora detenida. Arenas, en respuesta a una pregunta de IU, argumentó que no había elementos que justificasen la disolución del Ayuntamiento marbellí y defendió la actuación de las instituciones ante los acontecimientos de Marbella. Elogio, entre otras, la labor de la Junta. "¿El Estado de Derecho ha funcionado? Hay que recordar que hay un anterior alcalde de Marbella que no está hoy en la vida política por decisión de los jueces (Jesús Gil). La Fiscalía Anticorrupción ha funcionado, el Tribunal de Cuentas está prestando muchísima atención, la Junta de Andalucía ha reaccionado con acierto en el terreno urbanístico, tan importante para esa ciudad", afirmó Arenas en su intervención.
Más reciente es el cambio de criterio de los socialistas. El 15 de diciembre del año pasado, el Parlamento andaluz debatió una iniciativa del PP, apoyada por IU y PA, en la que se pedía la disolución del Ayuntamiento marbellí. El diputado socialista Juan Paniagua justificó el voto contrario del PSOE a la iniciativa con el argumento de que no había plazo suficiente para cumplir todos los trámites que la ley exige para abordar la disolución antes de la celebración de las elecciones municipales de 2007. Este plazo ahora es posible. De hecho, el Consejo de Gobierno pedirá hoy al Gobierno central que inicie los trámites para disolver el Consistorio.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 4 de abril de 2006