El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife ha dejado en libertad con cargos a tres funcionarios del Gobierno de Canarias y dos empresarios imputados por tres delitos de falsedad documental, estafa y cohecho al falsificar firmas de documentos en el Instituto Canario de la Vivienda que hubieran posibilitado desclasificar viviendas protegidas y venderlas a un precio muy superior.
Los detenidos declararon durante el fin de semana y cuatro de ellos deberán presentarse en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes hasta que acabe la instrucción. La consejería canaria de Infraestructuras advirtió al presidente Adán Martín de que en abril de 2005 se había detectado una firma falsa del director del Instituto Canario de la Vivienda en un documento que hubiera posibilitado la desclasificación de ese piso para venderlo en el mercado libre. A raíz de esa denuncia, la policía detectó al menos 10 casos más, el último el pasado febrero, todos vinculados con las cinco personas detenidas.
Para que una vivienda protegida pueda venderse antes de los 30 años de su concesión, el Instituto Canario de la Vivienda debe autorizarlo, fijar el precio y certificar que sus dueños la utilizarán como primera vivienda.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 4 de abril de 2006