Once asociaciones de varias ciudades españolas, entre ellas varias de defensa de las personas que ejercen la prostitución como el colectivo Hetaira, han constituido una plataforma para defender los derechos laborales y sociales de las prostitutas y han planteado unas reivindicaciones ante el anuncio del Gobierno de iniciar el debate político para estudiar el fenómeno. Hoy se constituye una comisión mixta Congreso-Senado que debatirá esta realidad y elevará un dictamen al Gobierno.
Los colectivos de "personas trabajadoras del sexo", como les gusta denominarse, exigen que se creen espacios públicos acotados para ejercer, al estilo de los barrios rojos que funcionan en algunas ciudades europeas, donde puedan ejercer libremente en condiciones de higiene y seguridad.
También rechazan el "hostigamiento" que sufren las meretrices y sus clientes en Madrid y Barcelona por la aplicación de planes u ordenanzas especiales. Consideran que esa persecución reduce la demanda e incentiva los servicios rápidos y clandestinos, por lo que reclaman su capacidad de decidir sin coacciones "a qué quieren dedicarse y cómo y con quién quieren establecer acuerdos comerciales".
Las prostitutas reclaman el derecho a emigrar y a establecer libremente sus propios negocios e invocan una sentencia del Tribunal de Estrasburgo de 2001 que considera la prostitución una actividad económica legítima.
La Plataforma por los Derechos de las Personas Trabajadoras del Sexo asegura que aúna las voces de quienes no se identifican ni con ideas abolicionistas ni prohibicionistas y recuerdan que existe una diversidad de situaciones que han de tenerse en cuenta dentro del mundo de la prostitución. Censuran la reacción "moral" de grupos abolicionistas y la falta de debate y propuestas más allá de la crítica a una actividad ejercida por personas adultas que han optado por esta opción y a las que jamás se considera interlocutoras.
Además, exigen que se persiga a las mafias que obligan a las mujeres a prostituirse y que las explotan en régimen de esclavitud, que se acabe con las "pomposas declaraciones" y que se pongan medios eficaces para proteger a las mujeres y no criminalizar a las víctimas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 4 de abril de 2006