Si el objetivo era escapar de las garras de Bruselas, de poco le habrá servido al Ayuntamiento de Madrid trocear la reforma de la M-30 en 19 proyectos. Con una nueva jurisprudencia bajo el brazo y tras dos años de silencio, la Comisión Europea ha exigido el informe sobre el impacto medioambiental del proyecto faraónico, que el Ayuntamiento había evitado, antes de dos meses, para desbloquear un crédito de 1.500 millones de euros, aunque no se retrasen -¡menos mal para los sufridos madrileños!- las obras. Casi nada escapa ya a Bruselas, ni siquiera dentro de las zonas urbanas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 5 de abril de 2006