"Si hay un buen desarrollo normativo, tendremos una buena ley", advirtieron ayer la Confederación de Asociación de Padres de Alumnos Gonzalo Anaya, CC OO y UGT, en rueda de prensa, ante la aprobación hoy de la nueva Ley Orgánica de Educación (LOE) en el Congreso. Las organizaciones insistieron en que "la ley dota de plena autonomía a las comunidades autónomas para adaptarse a sus necesidades educativas" y "por primera vez en democracia una ley educativa tiene un plan de financiación pactado en el consejo de política fiscal con las autonomías de 7.000 millones de euros para desarrollar la ley", de los cuales la Generalitat Valenciana gestionará directamente el 10%.
"Tenemos un reto: que a partir de mañana mismo el consejero debiera de emplazar todas las fuerzas políticas y sindicales para alcanzar un pacto autonómico en torno al desarrollo y aplicación de la LOE", puntualizó Manolo Picó, secretario general de la Federación de Enseñanza de CC OO, quien advirtió de antemano al Partido Popular que gobierna en la Comunidad Valenciana que: "No vamos a aceptar una guerra de guerrillas con el Gobierno central por ser del PSOE -como ha hecho en otras áreas- en materia de educación".
La puntualización fue secundada por la presidenta de la Confederación de APA Gonzalo Anaya, Josefa Sánchez, la presidenta de la federación de Valencia, Gemma Piqué, y la de Castellón Isabel Vicent (que no pudo comparecer en la rueda de prensa), y por Laureà Puig de Fete-UGT. De lo contrario, anticipó Sánchez, las organizaciones sociales y sindicales que han consensuado la ley en Madrid con el resto de fuerzas políticas -excepto el PP-, recurrirán "a movilizaciones". "La ley ha salido con un gran consenso, incluido la patronal de centros católicos FERE", subrayó, de manera que: "Las tres organizaciones tenemos claro que no vamos a permitir que el Gobierno valenciano no negocie la ley, y lo haremos con movilizaciones y lo que haga falta".
Laureà Puig recordó al PP valenciano que la ley se aprueba hoy en Madrid estará publicada en el BOE "probablemente este fin de semana" y que el Ministerio tiene preparados ya los borradores de dos o tres reales decretos relativos al calendario de aplicación de la ley, el de repetición de curso (que afecta a los exámenes de septiembre próximo), nombramiento de directores y cambios en el sistema de baremación para acceder a una plaza pública. Por estas razones, apuntaron, el Ejecutivo valenciano tiene que "darse prisa" en ponerse a negociar ya para tener listos "antes de junio" al menos estos aspectos.
Los otros dos grandes caballos de batalla, anticiparon, son "suelo para construcciones escolares" y "el destino que haga la Generalitat sobre la cuota de financiación autorizada por el consejo de política fiscal para desarrollar la ley en la Comunidad", subrayó Picó. Es más, Puig insistió, como recoge el manifiesto hecho público ayer, que los recursos aportados por el Gobierno central están diseñados para cofinanciar la diversidad educativa, la integración de inmigrantes o la tutorización individualizada del alumno. "No vamos a permitir que el dinero se destine a obras faraónicas", remataron las dos representantes de los padres y madres.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 6 de abril de 2006