Ruth Porta, secretaria de Política Institucional del PSM, aseguró ayer que la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional era algo "sabido". "Está claro que las competencias sobre estas carreteras son del Estado y, por tanto, lo que hace el Gobierno de Esperanza Aguirre con estos movimientos es jugar desde el victimismo con el tiempo y el dinero de todos los madrileños. Es una técnica que viene utilizando habitualmente", denunció.
"Ya está bien que la presidenta de la Comunidad utilice a todos los madrileños para hacer una permanente oposición al Gobierno central. Y lo hace siempre intentando saltarse lo que dice la Constitución", añadió Porta.
La dirigente socialista recordó que el Partido Socialista de Madrid (PSM) recurrirá ante el Tribunal Constitucional la decisión de Aguirre de no abrir una comisión de investigación sobre la obra de la línea 9 de metro a Arganda. "Y nos van a dar la razón", dijo.
El coordinador general de IU, Fernando Marín, declaró sobre con el proyecto de la R-1 y el cierre de la M-50 que no existe un problema de competencias, "sino de utilidad, y en este caso, de inutilidad de ambos proyectos". "Estos proyectos no piensan nada en las mayorías sociales ni en el medio ambiente, sino en seguir potenciando un modelo de desarrollo insostenible, que potencia el transporte privado en detrimento del público", señaló Marín.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 8 de abril de 2006