Mientras la velocidad de aumento de los precios de la vivienda comienza a desacelerarse y los conocedores del mercado aseguran que en 2006 el encarecimiento de los pisos ya se medirá en tasas de una sola cifra, el Ministerio de la Vivienda sigue proponiendo, con su estilo errático y difuso, acciones sobre el mercado para racionalizar -o intentarlo- la jungla inmobiliaria.
Insisten ahora María Antonia Trujillo y su equipo en la antigua idea de regular la intermediación inmobiliaria en España para acabar con los abusos originados por la apresurada liberalización de la profesión de agente inmobiliario, decidida por el Gobierno del PP y que no ha sido beneficiosa para los ciudadanos. En la práctica, cualquier persona puede ahora intermediar en la compraventa de pisos. Propone el ministerio que, a cambio de tanta manga ancha, compradores y vendedores estén en el futuro protegidos por un seguro de responsabilidad civil que defienda al consumidor de las prácticas fraudulentas; que, al menos, quien se dedique a la intermediación carezca de antecedentes penales en delitos inmobiliarios o financieros y que se organice un registro público de sus profesionales.
Son medidas que serán beneficiosas para la salud económica y mental del común de los ciudadanos; una mínima garantía pública para tranquilizar a los propietarios de vivienda o quienes quieren llegar a serlo, expuestos ahora no sólo a fraudes en la promoción y construcción de los pisos, sino también a abusos de intermediarios sin control. Pero como Vivienda prometió esta corrección casi un año atrás, sería conveniente que, una vez ratificado el apoyo de los agentes de la propiedad inmobiliaria, pasara a la acción y aprobara cuanto antes la nueva regulación. Corremos el riesgo de que se acabe 2006 y la ordenación de los intermediarios siga sin concretarse.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 10 de abril de 2006