El Gobierno y las diputaciones comparecieron ayer ante la ponencia del Parlamento en Vitoria que estudia la situación de los servicios sociales con opiniones contrapuestas sobre su financiación. Ante las nuevas necesidades y prestaciones, las tres diputaciones están de acuerdo en que se aplique el copago, que obliga al usuario a hacer frente a una parte del costo de la prestación. Sin embargo, el Gobierno se opone.
La ponencia parlamentaria que debe hacer un diagnóstico sobre el estado de los servicios sociales escuchó ayer las opiniones del Gobierno, por boca del viceconsejero de Inserción Social y Familia, Manuel Vigo (EA), y de los tres diputados forales encargados de esta materia. El Gobierno y las diputaciones manifestaron tras comparecer opiniones contrapuestas sobre el sistema de copago, que implica la participación del usuario en la financiación, y que se contempla, por ejemplo, en la ley de dependencia que impulsa el Gobierno central.
"A mí no me gusta, porque no es justo", dijo sin ambages el viceconsejero, en referencia a esa modalidad, que prevé que el usuario abone una cantidad, en función de sus ingresos y patrimonio, mientas las administraciones se harían cargo del resto.
Vigo se mostró partidario de que los servicios que se incluirán en la ley de servicios sociales que el Gobierno tiene comprometida para esta legislatura se financien a través de una mayor presión fiscal. Vigo utilizó el término "adecuada".
El viceconsejero recordó que la carga impositiva vasca está cuatro puntos por debajo de la media de la Europa de los 15 y el gasto en servicios sociales siete puntos también por debajo. "Si queremos servicios a nivel nórdico tenemos que acercarnos a su presión fiscal", argumentó, aún reconociendo la dificultad política que entraña este planteamiento por su impopularidad. "A ver quién tiene valor para plantear que se van a tener que pagar más impuestos", admitió.
Vigo rechaza el copago porque supone a su juicio una injusticia para los más desfavorecidos: "No es justo que una persona tenga que poner lo que haya podido acumular tras una vida de trabajo a disposición de la administración pública para pagar su derecho a una asistencia y a una protección", señaló. Las diputaciones, sin embargó, están de acuerdo en el sistema de copago, y de hecho lo practican ya en algunas de sus prestaciones. En Guipúzcoa, explicó a este periódico la diputada de Política Social, Esther Larrañaga, los usuarios contribuyen según sus ingresos y patrimonio, aunque se excluye del cómputo la vivienda habitual. También la diputación alavesa, gobernada por el PP, y la vizcaína, en manos de la coalición PNV-EA, igual que la de Guipúzcoa, dan por válida esa fórmula y la aplican.
En contra de la opinión del viceconsejero Vigo, Aburto negó que ese sistema vaya a colocar en situación "crítica" a quienes menos recursos tengan, porque éstos, "tendrán garantizada la atención". Sólo contribuirán, añadió, "los más favorecidos, quienes dispongan de una renta suficiente". Aburto dio por hecho que el mecanismo del copago se impondrá, como garantía de que el sistema resulte "sostenible".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 11 de abril de 2006