La Comisión Europea ha remitido al Gobierno español la carta de emplazamiento en la que manifiesta su convicción de que las obras de la M-30 debieron contar con una declaración de impacto ambiental previa, y pide a España que explique por qué no se hizo. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, explicó que recibió la comunicación ayer y que ordenó su envío al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid.
"Hay que recordar", dijo Narbona, "que, de acuerdo con la legislación vigente, la Comunidad de Madrid es la competente [para decidir] si esa obra se somete a declaración de impacto. En su momento la eximió, y eso es lo que cuestiona la Comisión Europea y lo que ha cuestionado el Gobierno varias veces". "Nuestra opinión es muy clara: esa obra requiere de la declaración de impacto ambiental. El Ayuntamiento debería cambiar su actitud y dar satisfacción a lo que le piden", afirmó.
La Confederación Hidrográfica del Tajo, dependiente del ministerio que dirige Narbona, autorizó el año pasado -con 40 condiciones medioambientales- una de las obras de la M-30, la de soterramiento bajo el río, a pesar de que tenía plenas competencias para denegar esa autorización.
Narbona señaló que la carta de emplazamiento de Bruselas todavía no es una sentencia del Tribunal de Justicia europeo, y que el Ayuntamiento "tiene derecho a defenderse como en cualquier proceso". Pero recordó que el gobierno municipal pidió financiación europea para ejecutar la obra: "Unos 1.500 millones, que en estos momentos están en suspenso. Eso significa que, si el Ayuntamiento persevera, tendrá que buscar otra financiación y puede haber consecuencias en el encarecimiento de la viabilidad financiera", dijo.
En realidad, el Ayuntamiento ya buscó -y obtuvo- hace meses otra vía de financiación: un préstamo por 2.500 millones que le concedieron Société Générale y el banco Sabadell. Ese préstamo saldrá más caro que el que estaba dispuesto a dar Bruselas.
La ministra lamentó "profundamente" la interpretación que hace el Ayuntamiento "en el sentido de querer atribuir a la incorrecta transposición de la directiva europea por parte del Gobierno español la ejecución de esta obra sin declaración ambiental".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 12 de abril de 2006