El juez de Tremp (Lleida) ha procesado a cuatro personas por considerar que no hicieron el mantenimiento correcto de un helicóptero que se precipitó al suelo en junio de 2002 en Torallola (Lleida). En el accidente murieron sus ocho ocupantes. Las cuatro personas, procesadas por un delito de homicidio imprudente, son Pedro María Sáenz de Maturana, administrador de Helieuropa Services, SA, empresa propietaria del helicóptero siniestrado, y los ingenieros de la misma firma Andrés García López, José Carlos de la Peña y Carlos Mejías Moreno.
El juez considera que los imputadas no aplicaron las técnicas y los manuales de mantenimiento correctos al helicóptero, "lo que incrementó el riesgo en el vuelo que se concretó con la precipitación de la aeronave con el resultado de ocho muertos". El juez aprecia "alguna omisión constitutiva de infracción de normas" en el Ministerio de Fomento, que tramitó el certificado de navegabilidad aérea.
Los cuatro procesados por el juez de Tremp ya han presentado un recurso. El accidente se produjo el 14 de junio de 2002. El helicóptero, ocupado por ocho personas, había salido del aeropuerto de Sabadell para revisar líneas de alta tensión y se precipitó al suelo tras perder el cono de la cola en pleno vuelo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 13 de abril de 2006