La reforma del Estatuto andaluz está a tres pasos de llegar al Congreso. El primero se dará hoy, cuando la ponencia apruebe el dictamen de la proposición; el segundo, el jueves, cuando le dé su visto bueno la Comisión de Desarrollo Estatutario; y el tercero, el 2 de mayo, cuando lo apruebe definitivamente el pleno del Parlamento andaluz.
Lo seguro es que la reforma tendrá el apoyo de la izquierda (61 diputados del PSOE y seis de IU) y sumará los tres quintos obligatorios del Parlamento; lo probable es que no estén ni PP (37 diputados) ni PA (5).
La coincidencia estratégica de las posiciones de PP y PA -ya sea casual o deliberada- parte de polos opuestos. La principal crítica que el Grupo Popular ha hecho en sus enmiendas a la proposición es que, a su juicio, el texto rebasa la Constitución en competencias, poder judicial, financiación, derechos sociales, relaciones con el Estado y con la Unión Europea. Este argumento no es compartido por el resto de los grupos y, lo más relevante, tampoco por el Consejo Consultivo de Andalucía, el órgano jurídico asesor del Gobierno, que el pasado 10 de marzo dictaminó que el texto "se ajusta en términos generales al bloque de la constitucionalidad".
A aquellos artículos en los que los juristas apreciaron "posibles colisiones" con la Constitución -como el derecho a la muerte digna- han sido corregidos a través de las enmiendas del PSOE en el trámite de ponencia.
El rechazo del PA al texto no es por exceso, sino por defecto. Según los andalucistas, sólo plantea una "descentralización administrativa" y no alcanza las cotas de la catalana. Sin embargo, la propuesta de Estatuto, que cuenta con el sólido respaldo del PSOE e IU, podría ser considerada un plagio del texto catalán.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 17 de abril de 2006