En su carta del pasado día 14 de abril (Respuesta a Branchadell), el señor Aurelio Arteta me acusa de enmascarar la verdad en las consideraciones sobre la política lingüística de Cataluña que hacía en Restablecer la realidad (EL PAÍS, 8/4/2006), un artículo con "varias trampas argumentales" y un "truco final". Con una cordialidad que él no usa precisamente, me gustaría indicar a mi antagonista que dicho artículo no esconde que, en determinados supuestos como el sistema educativo, la política lingüística de Cataluña supone un trato preferente del catalán dentro de un sistema de doble oficialidad. Lo de "determinados supuestos" es relevante, porque hay otros supuestos en los que es casi imposible comunicarse en catalán con las autoridades: léase la Administración de justicia o la Agencia Tributaria. Claro que ello poco debe de importar a Arteta, para quien las libertades sólo se "cercenan" cuando está en juego el uso del castellano. En todo caso, una aportación importante del artículo, que la carta de Arteta omite por completo, consistía en recordar que la política lingüística de Cataluña, con ese palmario trato preferente que dispensa al catalán, es constitucionalmente legítima. Todo el "truco final" del artículo consistía en un par de citas relevantes de nuestro Tribunal Constitucional. Si los pronunciamientos del Alto Tribunal son trucos para Arteta, poco queda ya para discutir.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 18 de abril de 2006