"El accidente laboral no puede ser un impuesto de sangre que paga el trabajador al empresario". Esa fue una de las ideas que trasladó ayer Jaime Gil, fiscal coordinador de Riesgos Laborales de Valencia, en la firma del convenio de colaboración entre la fiscalía y los sindicatos mayoritarios UGT y CC OO. La realidad a la que se enfrenta la describieron en cifras: 1.000 propuestas de sanción de la Inspección de Trabajo entre enero de 2005 y el pasado 15 de marzo por infracciones de la legislación de seguridad e higiene en el trabajo (y entre ellas, propuestas de paralización de actividad) aunque no se haya producido accidente; 129 muertos el pasado año; más de 105.800 accidentes, de los que casi 1.200 fueron de carácter grave.
Gil aseguró ayer que el tejido empresarial debe asumir que "invertir en seguridad reporta beneficios, no es un gasto". A su juicio, "la legislación es suficiente, pero falta concienciación en los empresarios, de ahí que las cifras nos coloquen a la cola de Europa". Gil explicó que de cada 100.000 trabajadores ocupados, 6.700 sufren un accidente grave en España, mientras que en la zona euro son 4.000, en Grecia 2.400 y en Irlanda 1.200. "Hay que recuperar la idea del trabajo decente, la formación y la información son capitales para que los elementos de protección que existen sean eficaces".
Datos "escandalosos"
Joan Sifre, secretario general de CC OO, dijo que "la salud laboral no es solo la ausencia de accidentes. La situación actual, continuó, hay que reconducirla. Luchamos contra dinámicas muy asentadas y sinergias como este convenio son necesarias en favor de la ausencia de accidentes y del bienestar en el trabajo". Sifre aseguró que el convenio "revaloriza el espacio de intervención común".
Rafael Recuenco, secretario general de UGT-PV, calificó de "escandalosos" los datos de siniestralidad laboral que registra la Comunidad Valenciana. Recuenco afirmó que "se debe acabar con las situaciones en las que el empresario prefiere pagar la sanción que poner los medios para prevenir un accidente". El líder sindical aseguró que "el objetivo prioritario es la prevención y los empresarios tienen que asumir que hay otras responsabilidades de orden penal". Recuenco expresó su confianza en que "el convenio tenga el mayor conocimiento posible y sirva además para que la Administración, tanto la autonómica del señor Camps como el gobierno central, ponga los medios necesarios para que se desarrolle".
La construcción, especialmente los trabajadores que realizan su labor entre el segundo y el tercer forjado, y el sector servicios son los que mayor accidentalidad registran. Ayer mismo, dos operarios, de 53 y 34 años, sufrieron heridas de diversa consideración al desplomarse las plataformas del andamio en el que trabajaban en Alicante.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 21 de abril de 2006