Los defensores del Estatuto catalán nos presentan la transferencia de competencias del Estado a la Generalitat como si fuera una especie de receta mágica que resuelve todos los males. Hay que recordar que el desastre del Carmelo, el olvido de los miles de afectados por el derrumbe, la desatención en casos de maltratos a menores como Alba o la corrupción generalizada del 3% han sido en materias gestionadas por el Gobierno catalán. En muchos casos, la Generalitat ha demostrado que es la administración que peor gestiona y la que más dinero público despilfarra. Al final, de tantas transferencias de competencias sólo se beneficia una reducida élite de políticos autonómicos que están acumulando más poder político y económico que nunca, pero el ciudadano no gana absolutamente nada.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 24 de abril de 2006