Hace poco, un familiar mío de nacionalidad francesa tuvo un problema médico que requirió la intervención urgente de una ambulancia del Samur, su traslado al hospital Gregorio Marañón y su estancia en el servicio de urgencias de dicho centro sanitario unas ocho horas.
El servicio fue muy profesional; la atención de los médicos y enfermeras, impecable, y el agradecimiento del paciente, tan grande como su sorpresa por el hecho de que pudo abandonar el hospital sin que nadie le pidiese sus datos o su número de seguridad social en Francia para proceder al pago o compensación de los servicios prestados (entre ellos, un escáner e innumerables pruebas de laboratorio).
Han pasado unas semanas desde entonces y el paciente en cuestión no deja de extrañarse de que en España se le haya prestado gratis toda una serie de atenciones que en su propio país, Francia, hubieran requerido (en el caso del escáner) un seguro complementario a la cobertura básica que otorga la Seguridad Social francesa o el pago directo por parte del paciente de tal examen.
La Seguridad Social española no puede tener por vocación ser una especie de mutua universal para todo ciudadano extranjero que pueda requerir sus servicios, sobre todo si éstos provienen de países ricos y solventes. Va en ello la viabilidad del propio sistema, la calidad asistencial del mismo y el buen uso del dinero de los contribuyentes.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 25 de abril de 2006