La propiedad sobre la documentación original del primer Gobierno vasco fue reconocida por la Administración central en los convenios firmados entre 1985 y 1991 entre el Ejecutivo autónomo y el Ministerio de Cultura. Al tiempo, se desarrolló el doble trabajo de identificación y descripción de la documentación confiscada y depositada en Salamanca y de realización de copias en microfilm. Están depositadas y son accesibles a la consulta de investigadores en el Centro de Patrimonio Documental del Gobierno (Irargi) en Bergara.
Tras el traslado de los papeles de la Generalitat a Cataluña, el Gobierno vasco adoptó un acuerdo oficial solicitando el mismo trato, acogiéndose a la afirmación del presidente Zapatero de que lo que era válido para Cataluña lo sería para Euskadi. La primera reclamación la había efectuado en 1978 el entonces senador Manuel de Irujo, pero el Departamento de Cultura no se dirigió oficialmente al ministerio hasta enero de 2005.
Los papeles reclamados son 13.477 documentos ordenados en las series Bilbao, Santander, Barcelona, Valencia y Madrid, denominadas así por el lugar donde fueron incautados. La primera, la más voluminosa, ocupa 260 legajos con expedientes de las primeras gestiones del Gobierno del lehendakari José Antonio Aguirre, así como archivos procedentes de partidos y sindicatos. Constituyen apenas un 0,5% del archivo de Salamanca.
La documentación que guarda la Fundación Sabino Arana -la mayor parte correspondiente al Gobierno vasco en el exilio- está en proceso de identificación, catalogación y digitalización. La oposición criticó ayer que, más de 25 años después de la recuperación de la autonomía, siga en manos privadas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 28 de abril de 2006