La experiencia enseña que lo más inverosímil sucede a veces. Como que un paciente acuda a un hospital con fuertes dolores en un riñón, los médicos sean incapaces de diagnosticar el posible mal, atribuyan sus reiteradas quejas a un trastorno psicológico y sólo después de fallecer descubran tras la autopsia que tenía un tumor no maligno de 800 gramos alojado en el riñón afectado. Este hecho, que posiblemente podría haberse evitado con una simple ecografía, ha sucedido en la Fundación Hospital Alcorcón, de titularidad, financiación concertada y gestión privada.
La Comunidad de Madrid ha indemnizado a su viuda con 102.483 euros. Es justo señalar lo insólito de que una Administración pública reconozca voluntariamente el daño y lo indemnice. Ojalá que el ejemplo cundiera. Pero lo deseable sería que la indemnización la fijara una instancia de arbitraje neutral, de la que podrían formar parte también las asociaciones de usuarios y de víctimas de negligencias médicas y sanitarias para valorar el daño con mayor objetividad e independencia.
En todo caso, la desatención, el burocratismo o la falta de diligencia que se adivinan tras este suceso no se saldan con una indemnización. Exigen también indagar las posibles responsabilidades, médicas o gerenciales, personales o colectivas. Tanto más cuanto que en este mismo centro hospitalario se produjo no hace mucho otro suceso no menos deplorable como el contagio de hepatitis C a varios pacientes mediante una jeringuilla previamente contaminada y reutilizada en la administración de suero.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 29 de abril de 2006