"Existen indicios suficientes para ordenar a la Administración que incoe los procedimientos disciplinarios necesarios para constatar o no las conductas de mobbing denunciadas por la recurrente". De esta forma, una juez de Valencia ha reconocido a una funcionaria el derecho a que se abra una investigación para determinar si esta trabajadora fue objeto de acoso laboral "y a la imposición de la sanción correspondiente si se aprueba su existencia".
En la sentencia, la juez del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Valencia alude a "continuos cambios del puesto de trabajo", "no acceder a que pueda desempeñar el puesto ganado por concurso" o "continuas denuncias verbales pero sin concretar" para fundamentar su decisión.
En abril de 2004 la denunciante expuso su situación a la inspección de servicios generales de la Generalitat un departamento que dio traslado a la subsecretaría de la consejería de Bienestar Social que, as u vez, dio carpetazo a la posible situación de acoso laboral. "Esto no tiene sentido, porque la consejería es juez y parte", señaló ayer José Luis González, responsable de Salud laboral de la Intersindical Valenciana, sindicato que ha llevado el caso.
La decisión de la juez, recurrida por la Generalitat, también concede a la denunciante la posibilidad de acceder al expediente informativo reservado. Lo que se le negó por parte de Bienestar Social. Entre los codemandados de la consejería están altos funcionarios que han acompañado al que era entonces consejero, Rafael Blasco, en su nuevo destino al frente de Territorio y Vivienda.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 5 de mayo de 2006