El desorden urbanístico que ha convertido la palabra Marbella en sinónimo de corrupción tiene unas cuantas cifras claras. En los juzgados de la localidad malagueña aguardan al menos 75 causas por delitos contra la ordenación del territorio, la mayoría de los cuales fueron presuntamente cometidos por funcionarios públicos, según un informe que el fiscal jefe de Málaga, Manuel Villén, elevará al fiscal general del Estado.
Marbella, ciudad a la que le corresponde un delito urbanístico cada dos kilómetros cuadrados de territorio, suma más causas que el resto de los municipios malagueños juntos, según Villén. El ex alcalde Julián Muñoz (GIL) está implicado en "entre 35 y 40" de los "más de 100 casos" que estudia la Fiscalía en la provincia.
Hasta el momento, el poder judicial ha emitido únicamente dos sentencias y tiene a la espera una larga cola. En los juzgados de Marbella esperan un total de 11 procedimientos, de los cuales dos ya tienen señalada fecha de juicio, y los nueve restantes están pendientes de asignación. Estas causas, algunas de las cuales se refieren a actos cometidos en 2001, son tanto por delitos contra la ordenación del territorio como de desobediencia a órdenes de paralización de obras. Además, la fiscalía ya ha realizado su escrito de acusación en 10 causas, que aún no se han remitido al juzgado de lo Penal. El grueso de los procedimientos corresponde a al menos 55 diligencias previas aún en fase de instrucción.
Villén, que ayer presentó la memoria de la Fiscalía malagueña, informó de que el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil han incautado a las redes de blanqueo de capitales bienes por un total de 428,5 millones de euros en 2005. Esta cantidad supone un aumento del 748% respecto al año anterior.
La gestora que gobierna el Ayuntamiento de Marbella ordenó ayer el precinto de otros dos inmuebles irregulares, que se suman al ordenado el pasado martes sobre el complejo urbanístico del hotel Senator, a cuyo único inquilino se ha dado un plazo de 20 días para desalojar su vivienda. Uno de los cierres afecta a dos bloques de 81 viviendas que se levantaron en suelo reservado para zona verde, viales públicos y casas unifamiliares. El segundo precinto paraliza las obras de 221 viviendas y garajes en un solar en el que sólo se podían construir 20 inmuebles unifamiliares. Ambas obras siguieron su curso a pesar de que sendas órdenes judiciales ordenaban su paralización.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 5 de mayo de 2006