Un juez de Bilbao investiga la implicación de una abogada que trabaja en la capital en más de 60 casos de estafa a inmigrantes durante el proceso de regularización del pasado año. El Juzgado de Instrucción número 2 ha pedido a la policía que indague en las cuentas bancarias de la letrada y de otras dos personas más que formaban una sociedad ficticia para engañar a inmigrantes.
Estas pesquisas forman parte de las investigaciones de fraude denunciadas en enero por Harresiak Apurtuz, la coordinadora vasca de ONG de apoyo a los inmigrantes. En todos los supuestos comunicados al juez, los afectados recibían ofertas de contratos de trabajo de empresas inexistentes o que carecían de actividad a cambio de dinero. En uno de los casos, un inmigrante llegó a pagar 2.500 euros a un empresario por un contrato y el papeleo de la regularización, que no se llevó a cabo. En el resto de las denuncias, las víctimas del engaño aportaron de media entre 600 y 1.000 euros por los documentos, con lo que se calcula que el volumen de la estafa ha superado los 60.000 euros.
Las denuncias están en cuatro juzgados diferentes, ya que existen cuatro grupos diferenciados de fraude. Dos están encabezados por sendas abogadas, que contaron con la ayuda de dos socios cada una; del tercero sería responsable una persona -ahora en paradero desconocido- que cobraba por la entrega de las solicitudes de residencia, un trámite que no cumplía; y el cuarto es una falsa ONG que abrió una oficina y desapareció. Éste último caso se ha archivado por el Juzgado número 3 "sin practicar ninguna diligencia", censuró ayer Harresiak Apurtuz, que ha recurrido el sobreseimiento.
Llamados a declarar
Los mayores avances se han producido en el Juzgado número 2, que ha tomado declaración a los acusados. Las diligencias, que se iniciaron con 30 presuntas estafas, han servido para ampliarlas a 60. Todos los expedientes de regularización tramitados por estas tres personas fueron denegados por la Administración -salvo un caso, debido a un error- al comprobar que la empresa para la que iban a trabajar los inmigrantes se creó unos meses antes y no tenía ninguna actividad. El juez indaga si el dinero pagado que cobrado por la abogada y si lo repartió con los socios. La letrada ha alegado que actuó sólo como abogado y no hizo una intermediación laboral. Paradójicamente, a esta persona le tocó defender, por el turno de oficio, a uno de los inmigrantes que le denunció, hecho que ya ha sido corregido por el Colegio de Abogados.
Pese a conocer los hechos desde enero, el colegio no ha adoptado ninguna medida cautelar contra la abogada, aunque fuentes judiciales señalaron que podría hacerlo por "deslealtad" contra sus clientes. Por ahora, sólo ha abierto un expediente informativo a las dos letradas implicadas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 5 de mayo de 2006