Los planteamientos reguladores de la Generalitat catalana sobre la prostitución provocaron a comienzos de este año un duro informe en contra del Instituto de la Mujer, dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. En aquel texto se calificaba la prostitución como "una práctica intrínsecamente degradante, incompatible con los valores de una sociedad democrática". Añadía que regular esa "lacra social" suponía un retroceso en la igualdad entre mujeres y hombres y un "obstáculo" en la lucha contra la violencia machista.
El informe del Instituto de la Mujer puntualizaba que el proyecto catalán -por entonces en fase de borrador de anteproyecto- invadía competencias estatales. Aseguraba también que la iniciativa era contraria a varias normas en vigor, entre ellas la ley de extranjería, y varios tratados internacionales suscritos por España en el marco de Naciones Unidas, enfocados a combatir la prostitución. A juicio del instituto, la iniciativa reguladora suponía "fundamentar" la prostitución y abocaría a muchas inmigrantes a dedicarse a ello para obtener papeles.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 5 de mayo de 2006